viernes, 13 de junio de 2014

Córdoba: ¿combatir el narcotráfico o “cobrarle peaje”?

Imágen gentileza de infojusnoticias.gov.ar
El caso ha sido muy conocido, quizá no tanto como uno podría suponer apenas se difundió: el programa periodístico de Canal 10 de Córdoba, ADN, conducido por Tomás Méndez, documentó con cámaras ocultas la participación de las más altas esferas policiales y políticas de la provincia en las redes de narcotráfico. El tema se conoció con el nombre de “Narcopolicía” o “Narcoescándalo” y se puede acceder a más información haciendo click aquí.

Enrique Dussel cuando habla de corrupción explica que ésta sucede cuando el funcionario en cuestión, en lugar de considerarse un delegado, un representante de quienes lo han elegido, se cree o se piensa como sede o fuente del poder. De esta manera actúa como si ese lugar le perteneciera por derecho propio, y no como un mandato del pueblo. Es interesante tener esto en consideración para pensar este u otros hechos de corrupción.
En consonancia con Dussel, el presidente de Ecuador, Rafaél Correa explica pacientemente la existencia de lo que llama “poderes fácticos”, donde el poder político aun no llega. Según Correa, ganar las elecciones permite acceder a una parte del poder, que es el que pertenece al Estado, pero que ni si quiera permite tener el control absoluto al interior del Estado y mucho menos sobre otros poderes a los que no domina y con los que en ocasiones se enfrenta.
La corrupción descripta por Dussel y la existencia de los poderes fácticos que describe Correa, nos permiten pensar la complejidad de estos temas y del compromiso necesario para revertir esta trama. En la administración provincial, comandada por José Manuel De La Sota, lejos de intentar revertirlo (según documentó ADN) las cúpulas policiales y políticas participaron activamente en el sostenimiento de las redes de narcotráfico, sea cobrando, permitiendo o no controlando aquello que era su responsabilidad controlar.

Tomás Mendez de ADN
Imágen gentileza de lmcordoba.com.ar
Aurelio Garcia Elorrio es abogado y legislador provincial, y desde el año 2006 viene denunciando en la justicia asuntos vinculados al narcotráfico en los barrios más humildes de la capital cordobesa. Este abogado fue uno de los impulsores de la nueva ley de narcotráfico, aun siendo de un partido opositor. Según Garcia Elorrio, la ley no es mala y tiene la intención de aliviar a la Policía Federal del denominado narcotráfico al “menudeo” o al por menor, para que pueda dedicarse a desbaratar las redes de mayor importancia. Lo que no se tuvo en cuenta, dice el legislador, es que no había garantías para su aplicación y en vez de combatirlo, parte de la estructura policial claudicó en su responsabilidad y se involucró en el delito “cobrando peaje”.
Esto es conocido en todos los barrios, dice Garcia Elorrio, y los tres aspectos a destacar son, por un lado que la policía está involucrada en el narcotráfico, lo segundo es que la política (los funcionarios) también es responsable y el tercer aspecto es una pregunta que el propio Aurelio deja en el aire sin contestar: ¿Por qué pasan por Córdoba 70mil kilos de droga rumbo a Europa? Sin ser productores eso nos transforma en los terceros exportadores mundiales y a la vez produce lo que se llama “efecto derrame” ya que parte de esa droga va quedando en el camino como pago.
¿Cómo se combate esto? Según Aurelio Garcia Elorrio, para ir sobre los grandes es necesario no haberles “cobrado peaje” y el primer paso es que exista un gobierno provincial que no esté vinculado y que decida enfrentar seriamente esta problemática, y para enfrentarla existen dos caminos, uno represivo y otro preventivo.
En el aspecto represivo es necesario “cortar las rutas” del tráfico, colocar los controles necesarios en las terminales, aeropuertos, rutas, etc. lo que más o menos conocemos sobre cómo tratar estos temas. Sin embargo el emprendimiento más difícil y necesario es el preventivo, porque tiene que ver con la educación y la promoción de distintos proyectos de vida. Consiste en ofrecer a los jóvenes una serie de oportunidades, de mostrar que “hay otro mundo posible”, que hay opciones. Esto debe involucrar al estado en su conjunto pero también a los clubes, a las religiones, a los centros culturales, fábricas, emprendimientos, etc. en la inteligencia de que si un joven a cierta edad conoce alternativas, toma contacto con los proyectos culturales, visita las fábricas, los emprendimientos, tiene más posibilidades de identificarse con alguno y modificar su proyecto de vida a que si no sale del barrio y nadie se ocupa de promover en él un interés que le permita romper este círculo de vulnerabilidad que lo acerca al delito.

Federico Magrin Torres
Twitter: @magrintorres
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